Mientras continúa la etapa final de revisión electoral de las Elecciones Perú 2026, el CEO de Imasolu, Enzo Elguera, participó en Canal N para analizar las implicancias legales y electorales de la colecta pública impulsada por Juntos por el Perú con el objetivo de financiar recursos vinculados a nulidades y apelaciones dentro del proceso de segunda vuelta presidencial.

Durante la entrevista, el especialista explicó que la recolección de fondos para fines políticos no constituye una actividad prohibida por la legislación electoral. Sin embargo, precisó que dichos recursos deberán ser debidamente registrados, identificados y posteriormente rendidos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de supervisar el financiamiento partidario.

“Finalizado el proceso electoral, los partidos tienen la obligación de rendir cuentas sobre el origen y destino de los fondos. La autoridad competente para fiscalizar estos aportes es la ONPE”, señaló.

FINANCIAMIENTO POLÍTICO DEBE SER TRANSPARENTE Y VERIFICABLE

Según explicó Elguera, toda recaudación destinada a actividades vinculadas al proceso electoral debe cumplir con mecanismos de identificación de aportantes y trazabilidad de los recursos.

El especialista recordó que la legislación electoral exige que los partidos políticos registren adecuadamente el origen de los fondos recibidos para evitar situaciones vinculadas al ocultamiento de aportes o posibles mecanismos de fraccionamiento irregular de dinero.

“Es importante determinar quién aporta, cuánto aporta y cuál es el origen de esos recursos. Precisamente por eso existe la obligación de rendir cuentas ante la ONPE”, afirmó.

Asimismo, indicó que la transparencia financiera constituye uno de los pilares fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en las organizaciones políticas.

LA ONPE SERÁ LA ENCARGADA DE AUDITAR LOS APORTES

Durante la conversación, Elguera precisó que la supervisión del financiamiento político corresponde a la ONPE y no al Jurado Nacional de Elecciones.

Explicó que esta institución cuenta con facultades para revisar la documentación contable presentada por los partidos, verificar los aportes recibidos y determinar si se han cumplido las obligaciones previstas por la normativa vigente.

“La ONPE es la autoridad encargada de fiscalizar, auditar y supervisar los aportes que reciben los partidos políticos durante y después del proceso electoral”, indicó.

En ese contexto, sostuvo que cualquier campaña pública de recaudación deberá reflejarse posteriormente en los informes financieros correspondientes.

LOS PLAZOS ELECTORALES YA LIMITAN MUCHAS DE LAS APELACIONES

Uno de los puntos centrales abordados por el CEO de Imasolu fue la viabilidad de destinar estos recursos a procedimientos electorales que ya se encuentran fuera de plazo.

Según explicó, gran parte de las apelaciones y solicitudes de nulidad que generaron debate durante las últimas semanas ya superaron los plazos establecidos por la normativa electoral.

“En la mayoría de casos importantes los plazos ya vencieron y muchas de esas solicitudes no son subsanables, incluso si posteriormente se realiza el pago de las tasas correspondientes”, señaló.

El especialista recordó que la legislación electoral establece procedimientos céleres precisamente para evitar que el proceso de contabilización se prolongue indefinidamente.

LAS TASAS ELECTORALES DEBEN PAGARSE DENTRO DEL PLAZO LEGAL

Elguera explicó que uno de los requisitos esenciales para admitir determinados recursos electorales es la acreditación oportuna del pago de la tasa correspondiente.

Precisó que, a diferencia de otros procedimientos administrativos o judiciales, en materia electoral muchos incumplimientos de forma no pueden ser corregidos posteriormente debido a la naturaleza célere del proceso.

“La norma electoral establece que la acreditación de determinadas tasas debe realizarse dentro del plazo legal. Si no se cumple oportunamente, la omisión resulta insubsanable”, manifestó.

Asimismo, señaló que este mecanismo fue incorporado para evitar la presentación masiva de recursos sin sustento que puedan ralentizar el avance del conteo electoral.

LOS APORTANTES PODRÍAN SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS FONDOS

Otro aspecto analizado durante la entrevista fue el eventual destino de los recursos recaudados si los objetivos inicialmente planteados ya no pueden ejecutarse.

Según indicó Elguera, los ciudadanos que realizaron aportes tienen derecho a conocer el uso que finalmente se dará a esos recursos.

“Si el objetivo para el cual se solicitó el aporte ya no puede ejecutarse, corresponde que exista transparencia respecto al destino final de esos fondos”, explicó.

Asimismo, señaló que cualquier modificación en la finalidad originalmente anunciada debería ser comunicada adecuadamente a quienes participaron de la recaudación.

TRANSPARENCIA FINANCIERA Y LEGITIMIDAD DEL PROCESO ELECTORAL

El análisis realizado por Enzo Elguera complementa lo señalado previamente en el artículo “LAS ACUSACIONES SOBRE LAS MESAS DEL EXTRANJERO NUNCA FUERON VALIDADAS NI DESCARTADAS”: Enzo Elguera en El Comercio (16/06/26), donde explicó cómo diversos pedidos de nulidad fueron declarados improcedentes por incumplimientos procesales antes de que los organismos electorales pudieran analizar el fondo de las denuncias.

Con la etapa electoral acercándose a su conclusión, la transparencia en el financiamiento político y el cumplimiento de las normas electorales seguirán siendo elementos fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.

Mira la entrevista completa de Enzo Elguera en Canal N : https://canaln.pe/actualidad/enzo-elguera-juntos-peru-debera-rendir-cuentas-colecta-financiar-nulidades