La condena a 15 años de prisión contra el congresista Guillermo Bermejo por afiliación a una organización terrorista marca un punto de quiebre en el Congreso y reabre el debate sobre cómo debe actuar la institución ante sentencias de esta naturaleza. Según El Comercio, Bermejo (electo por Lima bajo la lista de Perú Libre) será recluido en un penal mientras su defensa solicita la nulidad del fallo.
El caso trasciende al propio legislador: pone bajo la lupa a Zaira Arias Berrocal, su accesitaria, también exmilitante de Perú Libre, quien obtuvo 4,416 votos en 2021 y ha tenido un rol visible en protestas recientes, incluida una detención en 2023. Su eventual reemplazo reaviva preguntas sobre la aplicación del Reglamento del Congreso y el vacío que dejaría una curul vinculada a un delito de terrorismo.

INTERPRETACIÓN REGLAMENTARIA Y EFECTOS POLÍTICOS

El artículo 15-A del Reglamento del Congreso establece que, cuando un parlamentario es condenado por terrorismo, su curul queda vacío y no asume el accesitario. No obstante, esta disposición se aplica solo cuando la sentencia queda firme, es decir, tras la confirmación en última instancia.

En este contexto, El Comercio recogió distintas interpretaciones sobre la aplicación inmediata o diferida de la norma. La congresista Patricia Juárez precisó que la finalidad del artículo es sancionar políticamente al partido vinculado, evitando que otro miembro de la misma lista asuma la vacante.

Por su parte, nuestro CEO Enzo Elguera, experto en temas electorales, señaló en Canal N que la clave está en la interpretación de la Mesa Directiva:

“Debe darse una interpretación del Reglamento Interno del Congreso. Si se aplica de forma textual, la curul quedaría vacía.”

Elguera también subrayó que esta situación no afecta únicamente la representación de la bancada, sino que delimita con claridad los efectos jurídicos de una condena por terrorismo en la función parlamentaria. Además, precisó que el fallo inhabilita cualquier posibilidad de candidatura presidencial de Bermejo para el 2026.

VACANCIA, PRECEDENTE Y ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

En términos institucionales, el caso Bermejo representa una prueba de aplicación normativa: si la Mesa Directiva opta por una interpretación literal del reglamento, se consolidará el criterio de vacancia sin reemplazo para delitos graves. Si, en cambio, se opta por una lectura flexible mientras la sentencia no sea firme, podría abrirse un precedente de debate jurídico sobre los límites del mandato representativo.

La decisión final, por tanto, trasciende la figura del congresista. Afectará la composición del Congreso, la distribución de votos en comisiones y la imagen pública de la institución ante un electorado que demanda coherencia en la aplicación de sanciones.

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