El Congreso del Perú se encuentra en medio de un debate sobre una ley que busca prohibir la postulación a cargos electivos, sino hasta 10 años después de su rehabilitación, de aquellos sentenciados por delitos como terrorismo, rebelión, sedición y narcotráfico. Es intrigante que a más de tres meses de la discusión, aún no se haya logrado un consenso sobre qué delitos deberían incluirse en esta restricción. La Comisión de Constitución, liderada por Fuerza Popular, pretende retomar el diálogo, con el apoyo de varias bancadas, incluyendo Avanza País y Acción Popular, APP y Podemos Perú, mientras que la izquierda
plantea reparos a la propuesta.

Declaraciones en El Comercio

Enzo Elguera, CEO de Imasolu y experto en temas electorales, aboga por un diálogo maduro, destacando que esta legislación es fundamental para la salud institucional del país. Dejando entrever que las diferencias ideológicas deben ser superadas para lograr un acuerdo que beneficie a la sociedad en general. Su enfoque resalta la importancia de la responsabilidad en la toma de decisiones legislativas, sugiriendo que el consenso es clave para avanzar en este tema tan delicado.

Sin embargo, la discusión no solo refleja las tensiones políticas actuales, sino también un desafío mayor en la construcción de un marco legal que realmente garantice la integridad del sistema democrático. Mientras que el presidente de la Comisión, Fernando Rospigliosi, ha manifestado su intención de insistir con la iniciativa, es crucial recordar que la propuesta original fue rechazada, incluyendo delitos como violación sexual, colusión, corrupción de funcionarios, trata de personas, homicidio y secuestro. Muchos de estos delitos afectaban directamente a figuras políticas notables, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la verdadera intención detrás de la ley. ¿Es esta iniciativa realmente en busca de la salud institucional y política del país, o es simplemente una estrategia para obstaculizar a otros políticos? Esta dualidad plantea serias interrogantes sobre la transparencia y equidad del proceso legislativo, subrayando la necesidad de un debate más profundo y sin sesgos, que permita construir un sistema más justo y representativo. Solo así se podrá alcanzar, como dice el CEO de Imasolu, una verdadera salud institucional y política del país.