El Congreso ha aprobado una reforma constitucional que permitiría la reelección de alcaldes y gobernadores regionales por un periodo adicional. Aunque esta medida aún requiere una segunda votación, ya ha generado un amplio debate en la opinión pública. La pregunta principal es si esta reforma realmente beneficiará a los ciudadanos.

La reelección podría ser positiva en los casos donde las autoridades han demostrado eficiencia y compromiso con el desarrollo de sus comunidades. Permitiría continuar con proyectos a largo plazo que podrían requerir más de un solo periodo para ser completados exitosamente. Sin embargo, también se señaló que, históricamente, pocos alcaldes y gobernadores en Perú logran reelegirse. Esto debido a la insatisfacción general de la ciudadanía con sus gestiones.

El descontento ciudadano se ve reflejado en la percepción negativa sobre la seguridad, la limpieza pública y otros servicios básicos en diversas municipalidades. A pesar de las promesas de campaña, muchas autoridades no logran cumplir con las expectativas de sus electores. Esto hace que hace que la idea de la reelección sea vista con escepticismo. El riesgo de que algunos políticos utilicen sus cargos para perpetuarse en el poder preocupa a muchos, ya que temen que se puedan aprovechar los recursos públicos para sus campañas.

Por otro lado, esta reforma también contempla la eliminación de los movimientos regionales, modificando el artículo 35 de la Constitución. Haciendo a los partidos políticos los únicos competidores en las elecciones locales. Aunque esta medida podría fortalecer los partidos a nivel nacional y reducir la fragmentación política, también podría limitar la representatividad y la competencia en el ámbito regional. En esta área, os movimientos locales han tenido un papel importante.

La reelección de alcaldes y gobernadores presenta tanto ventajas como riesgos. La clave para que esta reforma funcione en beneficio de la ciudadanía radica en la implementación de controles estrictos. Estos deben aplicarse sobre el financiamiento de campañas y la gestión de recursos públicos. Asegurando que las autoridades electas sean realmente las más capacitadas para dirigir sus comunidades.