Este martes, el Perú se encuentra en un momento decisivo: el Poder Judicial emitirá su fallo contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, en el marco del caso Lava Jato. Acusados de haber recibido aportes ilícitos del gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht durante sus campañas electorales de 2006 y 2011, esta sentencia se considera un posible parteaguas en la forma en que la justicia trata los fondos de campañas políticas.

El caso se inserta en uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina: la operación Lava Jato, que desmanteló redes de sobornos y financiamiento ilegal de campañas en más de una decena de países.

La acusación fiscal: aportes del chavismo y Odebrecht

A la ex pareja presidencial se les acusa de recibir tres millones de dólares de la constructora Odebrecht como aporte ilegal para la campaña que llevó a Humala a ganar la presidencia. Además, según la fiscalía peruana, la campaña presidencial del Partido Nacionalista recibió en 2006 dinero del gobierno de Hugo Chávez, y en 2011, aportes del entonces presidente de Brasil, Lula da Silva.

El juicio más complejo del caso Lava Jato

Uno de los principales obstáculos que retrasó el proceso fue la falta de coordinación entre las fiscalías de Brasil y Perú. “Había un acuerdo entre ambos países, pero surgieron tensiones: desde Brasil se decía que Perú no estaba cumpliendo con lo pactado y que incluso estaba saboteando los compromisos, mientras que desde Perú se sostenía que sí se estaban respetando los términos”, explica el analista político Enzo Elguera, CEO de la encuestadora peruana Imasolu, al medio La Tercera.

Esa falta de armonía en la cooperación internacional llevó, a “un quiebre” que extendió los plazos judiciales de manera considerable. “Incluso se habló de que los acuerdos se habían tenido que reiniciar desde cero”, añadió Elguera.

¿Un juicio con tinte político?

La defensa de Humala y Heredia ha insistido en su inocencia. Además de rechazar haber recibido fondos de Venezuela o Brasil, argumentan que, incluso si se probara la recepción del dinero, ello no constituye un delito de lavado de activos.

En este contexto, Elguera aporta una perspectiva clave: “Al ser esta la primera sentencia de lavado de dinero por un presunto aporte no declarado en una campaña presidencial, eso genera que, en evidencia, no le faltan argumentos a la defensa para decir que ellos han sido los primeros y que esto tiene una motivación más política que jurídica”.

Este punto ha sido utilizado por la ex primera dama, quien acusó a la Fiscalía de persecución política, y por Humala, que criticó el doble estándar del Ministerio Público al dejar fuera de juicio a los exdirectivos de Odebrecht.

La sentencia: posibles consecuencias y precedentes

Elguera destaca que este caso no solo ha sido largo y complejo, sino que enfrenta tensiones políticas y diplomáticas. “nunca antes se había llevado a cabo un caso de esta magnitud, con actores de tanto peso involucrados” añadió.

El Ministerio Público ha solicitado 20 años de prisión para Humala y 26 años y medio para Heredia. Además, se pidió la disolución del Partido Nacionalista, así como una reparación civil de 20 millones de soles.

De ser hallados culpables, el fallo podría abrir una nueva etapa en el tratamiento judicial de los financiamientos políticos en el país. La sentencia marcará un precedente para otros casos en curso, como el de Keiko Fujimori o Susana Villarán, y podría afectar procesos donde también se investiga el uso de dinero no declarado en campañas.