Enzo Elguera, abogado especialista en temas electorales y CEO de Imasolu, comparte la entrevista que le hicieron acerca de la reciente modificación al Código Penal aprobada por el Poder Ejecutivo. La modificación en cuestión, exime a los partidos políticos de responsabilidad penal, concentrando las posibles sanciones exclusivamente en individuos. Esto podría significar un retroceso en la transparencia y la responsabilidad que deberían tener los partidos políticos en el país.

Impacto de la Reforma

Elguera señala que esta modificación otorga una “carta libre” a los partidos políticos, liberándolos de la responsabilidad por acciones ilícitas cometidas por sus miembros, concentrando las posibles sanciones exclusivamente en individuos. Esto podría permitir que los partidos políticos se “laven las manos” ante cualquier acto ilegal, debilitando la capacidad del Ministerio Público para investigar no solo a militantes, sino también a candidatos. La reforma podría fomentar una cultura de impunidad y afectar la democracia interna y la transparencia política.

Desafíos Legales

Bajo esta nueva normativa, nos dice el CEO de Imasolu, los partidos políticos podrían escudarse en su estructura para proteger a individuos que cometen delitos. De esta manera, la reforma no solo protegería a los partidos políticos, sino que también podría beneficiar a individuos que actúen en función de intereses particulares, sin afectar a los candidatos políticos en sí. Es decir, podría incluir la recepción de dinero ilícito a través de terceros, quienes asumirían la responsabilidad en lugar de los candidatos o partidos directamente. La ley también podría afectar casos actuales como el de Lava Jato, donde los partidos involucrados podrían alegar inmunidad bajo esta nueva norma.

Beneficiarios de la Reforma

Esta reforma beneficia a partidos como Fuerza Popular y Perú Libre, quienes apoyaron la modificación. La alianza entre partidos de diferentes ideologías, como el fujimorismo y Perú Libre muestra, una vez más, que las diferencias ideológicas no son un impedimento cuando se trata de legislar en favor de sus intereses.