La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha iniciado un proceso contra Fuerza Popular debido al presunto uso indebido de fondos públicos destinados exclusivamente al funcionamiento interno del partido y la capacitación de sus militantes. El caso está relacionado con un viaje de Keiko Fujimori a California, cuya finalidad, según expertos, no cumplía con los criterios establecidos para el uso de este tipo de financiamiento.

En entrevista, el especialista en temas electorales y CEO de Imasolu, Enzo Elguera destacó que la normativa actual es clara respecto a los usos permitidos de los fondos públicos. “La norma apunta a cubrir gastos internos, como servicios básicos, personal administrativo, y actividades de capacitación. Este viaje no responde a esas finalidades, ya que no había una capacitación vinculada a los militantes del partido”, explicó.

Elguera también señaló que el proceso tiene etapas bien definidas: una fase instructiva, donde se presentan los descargos, y una resolutiva, en la que se determinan las sanciones, como multas económicas. Sin embargo, el especialista destacó un vacío normativo preocupante: muchas sanciones no se pagan porque la ley no establece penalidades claras para el incumplimiento. “Esto refleja la necesidad de reformar la normativa para que las sanciones sean efectivas y los partidos políticos cumplan con sus obligaciones”, añadió.

El caso también abre el debate sobre el financiamiento privado de los partidos. Según Elguera, con las nuevas reglas aprobadas recientemente por el Congreso, este tipo de fondos privados podrían ser utilizados para actividades similares a las cuestionadas en este caso, lo que generaría mayor flexibilidad para los partidos pero menos control sobre sus gastos.

La investigación contra Fuerza Popular no solo busca aclarar este caso específico, sino también establecer precedentes sobre el uso responsable de los fondos públicos asignados a los partidos políticos. Las conclusiones de este proceso serán clave para determinar el camino hacia una mayor transparencia en el financiamiento partidario en el Perú.