Las reglas del juego para las elecciones generales de 2026 han cambiado. A inicios de este año, el Congreso de la República aprobó una serie de modificaciones clave a la Ley de Organizaciones Políticas, reabriendo la puerta al financiamiento privado por parte de personas jurídicas. Es decir, desde ahora, las empresas podrán volver a aportar económicamente a los partidos políticos, algo que estaba prohibido desde los escándalos de corrupción asociados al caso Odebrecht.

Esta reforma no solo habilita estos aportes, sino que incrementa considerablemente los topes permitidos. Una persona natural o jurídica podrá donar hasta 200 UIT (1,7 millones de soles) a una organización política en un solo proceso electoral, y hasta 500 UIT si decide repartir sus aportes entre varios partidos en el transcurso de un año.

Para el analista político y CEO de Imasolu, Enzo Elguera, estos cambios traen consigo una serie de riesgos que podrían debilitar aún más la ya frágil transparencia del sistema político peruano. En entrevista con Latina, Elguera advirtió sobre la posibilidad de que estas modificaciones faciliten el ingreso de dinero de origen ilícito a las campañas, escudado bajo el principio de confidencialidad de los aportantes y limitaciones en la trazabilidad del financiamiento.

Uno de los aspectos más controvertidos es la incorporación del artículo 30-C, que establece que el Banco de la Nación no debe consignar el nombre del partido político en los comprobantes de depósito. Para Elguera, esta disposición abre la puerta a la opacidad y podría convertirse en una excusa legal para que los partidos evadan su responsabilidad frente a aportes irregulares o de dudosa procedencia.

A esto se suma la preocupación por la débil capacidad de fiscalización del Estado. Aunque la ONPE ha anunciado que fortalecerá sus mecanismos de control, el historial reciente de fiscalización electoral plantea dudas sobre la eficacia real de estas medidas.

En esta entrevista, Enzo Elguera ofrece un análisis detallado sobre el impacto de estas reformas en el equilibrio electoral, la rendición de cuentas y el riesgo de captura del sistema político por intereses económicos. Un tema clave que marcará el tono de la próxima contienda electoral y que exige la atención no solo de los expertos, sino de la ciudadanía en general.