El reciente fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que revocó las tachas contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra ha reactivado un debate de fondo sobre los límites de la participación política y los criterios de idoneidad de los aspirantes a cargos públicos rumbo a las Elecciones Generales 2026. En declaraciones recogidas por El Comercio, Enzo Elguera, CEO de IMASOLU y especialista en temas electorales, advirtió que esta decisión introduce un cambio relevante en las reglas de competencia política y en el mensaje que recibe el electorado.

Elguera señaló que el espíritu de la normativa que impedía la postulación de personas con condenas por delitos graves estaba orientado a “limpiar” la política y elevar los estándares de acceso a los cargos de mayor responsabilidad del país. En ese sentido, consideró que la resolución del JNE —al seguir la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional— termina relativizando ese objetivo y abre la posibilidad de que personas con antecedentes por delitos como corrupción, peculado o colusión puedan volver a competir electoralmente tras cumplir un determinado plazo.

“Las personas condenadas por este tipo de delitos ahora saben que pueden ser perdonadas políticamente y que, luego de un tiempo, pueden volver a intentar acceder a un cargo de elección popular”, sostuvo Elguera. Desde su análisis, esto puede generar un efecto adverso en términos de incentivos, al reducir el peso disuasivo que tenía la prohibición permanente prevista originalmente en la ley.

Un cambio de criterio con impacto más allá del caso Vizcarra

El CEO de IMASOLU remarcó que el impacto del fallo no se limita a una candidatura específica, sino que establece un precedente aplicable a los próximos procesos electorales, incluidos los comicios regionales y municipales. En la práctica, explicó, el criterio adoptado por el JNE modifica el marco de referencia bajo el cual los partidos políticos evalúan y seleccionan a sus candidatos.

En esa línea, Elguera advirtió que la decisión puede terminar beneficiando a aquellas organizaciones que optaron por mantener en carrera a postulantes con antecedentes, frente a otras que sí realizaron filtros internos más estrictos. “La resolución genera una competencia desigual entre partidos que apostaron por estándares más altos de selección y aquellos que decidieron asumir el riesgo”, indicó.

Participación política versus idoneidad

El análisis de Elguera también pone el foco en la tensión entre dos principios: el derecho a la participación política y la necesidad de asegurar idoneidad en quienes aspiran a gobernar. Si bien reconoció que el derecho a ser elegido es un pilar democrático, subrayó que, en el caso de los cargos más importantes del país, ese derecho debe evaluarse junto con la confianza pública y la integridad institucional.

Desde la perspectiva de opinión pública y escenario electoral 2026, este tipo de decisiones puede influir en la percepción ciudadana sobre la calidad de la oferta política, en un contexto marcado por alta fragmentación, desconfianza hacia los partidos y un electorado que aún mantiene márgenes relevantes de indecisión.

Un debate que trasciende lo jurídico

La resolución del JNE también ha sido cuestionada por otros especialistas, quienes advierten que al establecer un plazo de diez años para la aplicación de los impedimentos, el tribunal estaría asumiendo un rol que corresponde al legislador. En ese punto, Elguera coincidió en que la discusión debería trasladarse al Congreso, a fin de establecer reglas claras y uniformes sobre los impedimentos para postular en futuros procesos electorales.

En un proceso electoral donde la intención de voto 2026 continúa en construcción y los márgenes de indecisión son elevados, este tipo de resoluciones puede incidir en el clima general de la campaña y en la manera en que los electores evalúan a los partidos y sus candidatos. Tal como refleja el último estudio nacional de IMASOLU Encuesta presidencial 2026: intención de voto nacional, el comportamiento electoral dependerá no solo de liderazgos individuales, sino también de la confianza en las reglas del juego y en la solidez institucional del sistema democrático.