En los últimos meses, las movilizaciones en Perú han tomado un protagonismo significativo, especialmente en el interior del país. La “toma de Lima” ha visto a muchos manifestantes desplazarse hacia la capital, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sirviendo como un punto de encuentro clave. Estas protestas no solo han captado la atención nacional, sino también internacional, al reflejar el descontento generalizado hacia el gobierno actual.

La desaprobación hacia la presidenta Dina Boluarte se sitúa en torno al 30%, una cifra preocupante que refleja el malestar popular. A pesar de que su aprobación es levemente superior a la de su predecesor, Pedro Castillo, la situación actual no parece sostenible. Los manifestantes demandan cambios profundos y significativos, siendo la renuncia de Boluarte una de sus principales exigencias. Sin embargo, el gobierno se muestra reacio a ceder.

La situación del Congreso también es crítica, ya que muchos ciudadanos piden su disolución. Este contexto político tenso sugiere que, aunque nuevas elecciones pueden ser una solución, la preparación logística requerirá tiempo, algo que podría complicar aún más la situación. La deslegitimación de los actores políticos es un desafío que debe abordarse para recuperar la confianza de la ciudadanía.