Perú atraviesa una de sus crisis políticas más graves, con un saldo trágico de más de 45 muertos en poco más de un mes desde que Dina Boluarte asumió la presidencia. La situación ha escalado hasta el punto en que medios internacionales califican la violencia como extrema, con episodios tan impactantes como el asesinato de un policía quemado vivo.

Enzo Elguera, analista político peruano, destaca que la violencia se ha intensificado a tal nivel que incluso se ha iniciado una investigación contra la presidenta, quien enfrenta acusaciones de genocidio debido a la cantidad de muertes registradas bajo su mandato. Este tipo de acusaciones no son inusuales en contextos de graves violaciones de derechos humanos, donde la responsabilidad política y penal puede alcanzar al jefe de Estado.

Boluarte enfrenta presiones para tomar decisiones políticas importantes, como la convocatoria de elecciones anticipadas, una demanda que no solo proviene de organizaciones sociales sino también de algunos congresistas. Sin embargo, Elguera señala que aunque existe la voluntad política, la legalidad y los tiempos necesarios para organizar elecciones adecuadas complican el panorama. Incluso si Boluarte renunciara, el proceso para instalar un nuevo presidente y convocar elecciones sería largo y complicado, generando más incertidumbre.

El analista también comenta sobre el rol de Pedro Castillo, el expresidente destituido, quien sigue utilizando sus redes sociales para influir en la situación, presionando en su favor a través de las movilizaciones. Castillo sigue siendo una figura polarizante, con una parte significativa de la población que considera que fue injustamente removido de su cargo.

Finalmente, Elguera advierte que la única solución viable para detener la escalada de violencia es la convocatoria de elecciones anticipadas. De lo contrario, el conflicto continuará, debilitando aún más la legitimidad del gobierno y afectando la estabilidad política del país. A pesar de la crisis, la economía peruana se ha mantenido sorprendentemente estable, reflejando la separación entre la política y la economía en el país.