El Congreso aprobó recientemente una normativa que permite el financiamiento privado de los partidos políticos, generando un debate sobre los riesgos y beneficios de esta medida. Enzo Elguera, abogado experto en materia electoral y CEO de Imasolu, desglosa los aspectos clave de esta legislación, señalando que, si bien promueve la bancarización y la transparencia de los aportes, también abre interrogantes sobre los riesgos de los aportes confidenciales y la responsabilidad de los partidos en su gestión.

Elguera destaca que la normativa fija un tope máximo para los aportes y exige que las donaciones mayores al 25% de una UIT se realicen a través del sistema financiero. Aunque este mecanismo busca reducir el financiamiento por debajo de la mesa, aún persiste el problema de los llamados “aportes pitufos”, donde montos grandes son fraccionados en pequeños para evadir la regulación. Según el analista, la identificación de todos los aportantes, sin importar el monto, es fundamental para garantizar la transparencia.

La posibilidad de que los partidos no conozcan el origen de algunos aportes debido a la confidencialidad permitida a través del Banco de la Nación, es también un tema polémico. Para Elguera, esta disposición no solo resta transparencia, sino que también exime a los partidos de una responsabilidad crucial: conocer y controlar quién los financia. La ONPE, con sus limitados recursos, sería incapaz de asumir toda la carga de fiscalización, lo que podría debilitar aún más el sistema.

El analista también señala que la legislación actual permite que hasta el 50% de los fondos públicos sean usados para defensa legal, siempre y cuando se reembolsen si el beneficiario es condenado. Sin embargo, queda un vacío normativo sobre cómo garantizar la devolución en casos de insolvencia. Estas lagunas reflejan la necesidad de perfeccionar la normativa para evitar abusos y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema político.

Finalmente, Elguera resalta que los mayores obstáculos para mejorar el marco normativo electoral radican en los propios partidos, que regulan según sus intereses. Sin un consenso real sobre reformas que prioricen la transparencia y la justicia, el financiamiento de los partidos seguirá siendo un tema delicado que afecta la legitimidad democrática del país.