En octubre pasado, Estados Unidos deportó a unos 7,000 mexicanos, la cifra mensual más alta en una década según el tribunal de inmigración de ese país. Este incremento se debe al aumento de órdenes emitidas por jueces estadounidenses para que los mexicanos abandonen el país, marcando un endurecimiento en las políticas migratorias.

Ante este panorama, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno reforzará la red de consulados en Estados Unidos para apoyar a los connacionales afectados. Esta acción responde no solo a las deportaciones en curso, sino también a las amenazas del presidente electo Donald Trump, quien ha prometido expulsiones masivas y ya ha designado a figuras de línea dura en migración para su próxima administración.

Además, México enfrenta el posible regreso del programa “Quédate en México”, instaurado durante el primer mandato de Trump. Bajo este esquema, el gobierno de López Obrador aceptó recibir migrantes de otras nacionalidades mientras las cortes estadounidenses resolvían sus solicitudes de asilo. Este programa, duramente criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos, podría ser nuevamente un punto clave en la agenda migratoria bilateral.

Enzo Elguera, CEO de ImaSolu y analista político, declaró para RT que una comunicación efectiva entre ambos gobiernos será crucial para manejar esta situación. “Donald Trump necesita mantener un diálogo claro con el gobierno mexicano. La cooperación bilateral es fundamental para establecer políticas migratorias funcionales y evitar que México sea visto como un corredor masivo hacia Estados Unidos”, afirmó Elguera.

El principal reto será equilibrar las promesas políticas de Trump con la necesidad de medidas prácticas y sostenibles. Aunque durante su primer mandato intentó cerrar las fronteras de manera tajante, la experiencia ha demostrado que colaborar con México es una estrategia más eficiente para gestionar los flujos migratorios y abordar esta problemática de manera integral.