Las recientes denuncias sobre afiliaciones indebidas y el uso de firmas falsas para la inscripción de partidos políticos han vuelto a poner en evidencia una preocupante falla del sistema electoral peruano: no existe un marco legal claro que sancione con severidad estas prácticas. Aunque los ciudadanos pueden recurrir a la vía penal, los partidos involucrados no enfrentan consecuencias inmediatas, ni siquiera en plena campaña electoral.

Vacíos legales y falta de consecuencias inmediatas para los partidos políticos

La principal pregunta que surge es si los partidos políticos que utilizaron firmas falsas o inscribieron personas sin su consentimiento pueden ser suspendidos o disueltos. La respuesta, por ahora, es negativa.

El abogado y CEO de Imasolu, Enzo Elguera indica en conversación con El Comercio que, aunque los casos deben pasar al Ministerio Público, cualquier sanción efectiva dependerá de un largo proceso judicial: “Una suspensión a los partidos no va a pasar. Se debe esperar un proceso, que haya una sentencia, y las investigaciones y juicios en el Perú no son cortos, sino largos”.

¿Qué cambios se deben hacer para evitar que se repita?

Los expertos coinciden en que la solución debe pasar por una reforma legal urgente. José Tello, ex ministro de Justicia, propone modificar el artículo 14.1 de la Ley de Organizaciones Políticas, incluyendo la falsificación de firmas como una “conducta antidemocrática” sancionable. Además, sugiere incorporar una cláusula que suspenda automáticamente la inscripción de un partido si hay indicios de falsedad.

Enzo Elguera hace una crítica más estructural: “Los congresistas no se han puesto en el supuesto del uso de fábrica de firmas falsas. Es evidente que se debe corregir, pero también hay que recordar que los que legislan pertenecen a partidos políticos. Es complejo que ellos perfeccionen este tipo de normas, porque les calza este tipo de vacíos legales”.

¿Los ciudadanos pueden denunciar penalmente?

Una de las rutas más claras para las víctimas es la denuncia penal contra los responsables. Elguera no dice que “sí pueden presentar. Incluso, esto merece un pronunciamiento del defensor del Pueblo, porque hay una determinada población afectada”. Añade que esta situación permite comprobar que existe un “modus operandi” en ciertas organizaciones políticas, lo cual convierte este caso en “una prueba de fuego para Josué Gutiérrez”.

Peritajes, suplantación y falsificación: las rutas judiciales

Las denuncias penales permitirían, además, la realización de pericias grafotécnicas para comprobar la falsificación de firmas. “Si encuentran fichas falsas, habrá responsabilidad penal: serán los promotores de los partidos, sus dirigentes, entre ellos el personero legal y el secretario general”, advierte Tello.

Elguera, por su parte, recuerda que las denuncias pueden ser por falsificación de firma y suplantación de identidad. “Y en este caso sería en contra de los partidos políticos y de quienes resulten responsables”.