Organizar una elección nacional requiere mucho más que imprimir cédulas y habilitar locales de votación. Detrás de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 existe una estructura logística, tecnológica, administrativa y de fiscalización que debe funcionar de manera coordinada para que millones de ciudadanos puedan acudir a las urnas.

En este contexto, una de las cifras más recientes del proceso es la transferencia de S/99 739 234 autorizada por el Poder Ejecutivo para financiar las elecciones regionales y municipales que se realizarán el 4 de octubre de 2026. El monto fue oficializado mediante el Decreto Supremo N.° 156-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Pero, ¿cómo se distribuye este dinero?, ¿qué institución recibe los recursos?, ¿y qué actividades deben financiarse?

S/99,7 millones para las elecciones regionales y municipales

La transferencia autorizada asciende exactamente a S/99 739 234 y tiene como destinatarios al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según la información publicada por el JNE, la distribución es la siguiente:

Los recursos provienen de Recursos Ordinarios y se transfieren con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

La norma también establece que estos recursos deben utilizarse exclusivamente para los fines para los cuales fueron transferidos.

¿Por qué la ONPE recibe la mayor parte?

La diferencia entre ambos montos tiene relación con las funciones que desarrolla cada organismo dentro del proceso electoral.

La ONPE tiene a su cargo la organización y ejecución operativa de las elecciones. Esto comprende una amplia cantidad de actividades antes, durante y después de la jornada electoral.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE debe preparar, entre otros aspectos, la infraestructura electoral, los materiales de votación, la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio, la capacitación de los actores electorales y el despliegue operativo a nivel nacional.

La propia ONPE señala que las elecciones del 4 de octubre permitirán elegir gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales para el periodo 2027-2030.

Por esa razón, una parte importante del presupuesto está relacionada con la dimensión logística de los comicios.

Una elección que debe llegar a todo el país

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tienen una característica particular: no se desarrollarán únicamente en Lima ni estarán concentradas en un reducido número de circunscripciones.

La ONPE ha establecido una estructura descentralizada para organizar el proceso, mediante las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Estas oficinas permiten llevar la organización electoral a las diferentes zonas del territorio nacional y atender las necesidades específicas de cada circunscripción.

La dimensión territorial ayuda a comprender por qué organizar una elección representa un gasto significativo: se necesita movilizar personal, materiales y equipos hacia distintas localidades y garantizar que estos lleguen oportunamente a los lugares donde funcionarán las mesas de sufragio.

¿Y qué hace el JNE con sus recursos?

El Jurado Nacional de Elecciones cumple funciones diferentes a las de la ONPE.

Mientras la ONPE concentra buena parte de la organización operativa de los comicios, el JNE desarrolla funciones de justicia electoral, fiscalización, educación electoral y otras competencias previstas por la legislación.

Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por ejemplo, los Jurados Electorales Especiales (JEE) intervienen en primera instancia en diferentes procedimientos relacionados con candidaturas y otros aspectos del proceso.

El JNE también resuelve las apelaciones que corresponden y participa en las etapas vinculadas con la fiscalización de la legalidad del proceso electoral.

Precisamente, el JNE informó recientemente que tuvo que ampliar hasta el 23 de agosto el plazo para que los JEE resolvieran en primera instancia tachas y exclusiones de candidatos, debido a la elevada carga procesal registrada durante este proceso.

El presupuesto electoral no empezó con esta transferencia

Un punto importante es que los S/99,7 millones anunciados recientemente no deben interpretarse como el costo total de todo el proceso electoral desde su inicio.

La organización de las elecciones implica diferentes etapas presupuestales y requerimientos que se van atendiendo conforme avanza el calendario electoral.

De hecho, en julio el JNE, la ONPE y el Reniec habían advertido sobre la necesidad de contar con mayores recursos para garantizar adecuadamente las elecciones.

En aquella oportunidad, los organismos electorales señalaron que el sistema electoral había identificado una demanda de S/589,52 millones para la organización de las ERM 2026, frente a un monto que en ese momento todavía presentaba un déficit de financiamiento.

La posterior transferencia de S/99,7 millones representa, por tanto, una asignación específica adicional para el financiamiento de las elecciones, y no debe confundirse automáticamente con el presupuesto global requerido por todo el sistema electoral.

¿En qué se utiliza el dinero?

El presupuesto electoral puede terminar financiando múltiples actividades que el ciudadano normalmente no ve.

Entre ellas se encuentran:

Material electoral.
Incluye la preparación y distribución de los materiales necesarios para instalar y operar las mesas de sufragio.

Locales y logística.
La organización requiere habilitar y coordinar los espacios donde se instalarán las mesas, además de trasladar materiales y personal.

Personal electoral.
El proceso necesita trabajadores y personal temporal para desarrollar las diferentes etapas de preparación y ejecución.

Capacitación.
Los miembros de mesa y otros actores electorales necesitan recibir información y capacitación sobre los procedimientos que deberán aplicar.

Tecnología y procesamiento de información.
Las elecciones requieren sistemas tecnológicos para registrar, procesar y transmitir información electoral.

Fiscalización y justicia electoral.
El JNE y los JEE necesitan recursos para desarrollar las labores de fiscalización y resolver los procedimientos que se presenten durante el proceso.

La distribución concreta del presupuesto debe observar las partidas y finalidades establecidas en las normas presupuestales correspondientes; por ello, no sería correcto asumir que todo el monto transferido se destina a una sola actividad.

¿Cuánto representa por elector?

Dividir los S/99,7 millones entre todos los ciudadanos que participarán permitiría obtener un promedio referencial del gasto por elector, pero ese cálculo no debe presentarse como el costo real de cada voto.

El presupuesto electoral financia infraestructura, personal, materiales, tecnología, fiscalización y múltiples actividades que no pueden atribuirse individualmente a cada votante.

Por eso, para interpretar correctamente la cifra, resulta más útil entenderla como un presupuesto destinado a hacer posible todo el proceso electoral, y no como un precio por persona.

El ciudadano también puede consultar cómo avanza el proceso

La transparencia presupuestal forma parte de un proceso electoral que también puede ser seguido por la ciudadanía.

El JNE presentó recientemente su Portal de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, donde reúne información oficial y diferentes servicios relacionados con los comicios. La plataforma incluye, entre otros elementos, información sobre fiscalización y herramientas para seguir el desarrollo del proceso.

Asimismo, la ONPE mantiene su portal específico de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, donde se pueden consultar aspectos relacionados con miembros de mesa, cédulas, ODPE y otras etapas de la organización electoral.

¿Por qué es importante conocer estas cifras?

El presupuesto electoral no es solamente una cifra administrativa. Permite dimensionar la complejidad de organizar una elección en un país con una gran extensión territorial y millones de electores.

También ayuda a comprender que el proceso electoral involucra instituciones diferentes y responsabilidades específicas.

En nuestro artículo anterior de IMASOLU, “Justicia y elecciones: ¿qué institución hace qué en los comicios de 2026?”, explicamos precisamente las diferencias entre el JNE, los JEE, la ONPE y otras instituciones que participan en el sistema electoral.

Ahora, conocer cómo se financia parte de este proceso permite completar esa mirada: no solo importa quién organiza o fiscaliza las elecciones, sino también qué recursos necesita el Estado para ponerlas en funcionamiento.

Una elección que todavía está en marcha

Las elecciones del 4 de octubre de 2026 todavía tienen varias etapas por delante. El calendario electoral contempla procedimientos relacionados con candidaturas, fiscalización, preparación de mesas, capacitación y organización logística antes de llegar a la jornada electoral.

Por ello, el presupuesto debe entenderse dentro de un proceso que continúa desarrollándose y que involucra a distintas instituciones del sistema electoral.

Para el ciudadano, conocer estos datos permite observar las elecciones desde otra perspectiva: detrás de cada cédula, local de votación, mesa y resultado existe una estructura pública que debe ser planificada, financiada y supervisada.

IMASOLU continuará informando sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 con contenidos orientados a explicar, de manera sencilla y objetiva, los principales aspectos del proceso electoral.