La posible postulación de Pedro Castillo al Congreso ha abierto un intenso debate sobre los límites de la legalidad y los riesgos institucionales que conllevaría su eventual candidatura. Aunque el expresidente se encuentra bajo detención preventiva, desde el punto de vista jurídico mantiene intacto su derecho político a postular, salvo que exista una sentencia penal firme que lo inhabilite.
Además, no requiere una organización partidaria propia para inscribirse: la figura del “invitado” le permitiría postular en la lista de cualquier partido político. El antecedente de casos previos sin sentencia firme confirma que este escenario no es hipotético, sino una posibilidad real en el marco electoral.
El eventual ingreso de Castillo al Parlamento lo pondría bajo el paraguas de la inmunidad parlamentaria, que protege a los congresistas de ser procesados o detenidos sin autorización del propio Congreso. Si bien esta figura busca garantizar la independencia legislativa, en la práctica ha sido usada con fines muy distintos.
En los últimos años, el Congreso ha mostrado una dinámica de “blindaje” entre bancadas: retrasos en los pedidos de levantamiento de inmunidad, bloqueos a investigaciones y pactos internos para proteger a parlamentarios cuestionados. Este uso estratégico erosiona la separación de poderes y alimenta la percepción de impunidad. En ese contexto, la postulación de un expresidente en situación judicial compleja se vuelve especialmente preocupante.
Un segundo punto de debate surge con la Resolución Legislativa Nº 11306, que regula la Semana de Representación. Este mecanismo fue diseñado para acercar al congresista a su circunscripción, con actividades de diálogo ciudadano, audiencias y fiscalización. Por ese motivo, el Estado financia viajes, hospedajes y traslados para garantizar su cumplimiento.
El problema aparece cuando se pretende habilitar actividades partidarias en ese espacio, con el argumento de que se realizarían “fuera del horario laboral, después de las 6 de la noche”. Aunque parezca un detalle administrativo, el impacto es mayor: si los viajes y alojamientos se pagan con dinero público, ya existe un respaldo logístico. Usar esa infraestructura para promover candidaturas supone convertir recursos estatales en ventaja electoral privada.
Desde una perspectiva ética y de transparencia, lo mínimo exigible es que todo congresista que busque hacer campaña durante la Semana de Representación renuncie a los viáticos y cubra sus propios gastos. Lo contrario implica legitimar el uso indebido de fondos públicos para fines proselitistas.
La postulación de Pedro Castillo en un contexto judicial abierto y la flexibilización de la Semana de Representación no son fenómenos aislados: se potencian entre sí. Una candidatura que acceda al Congreso podría buscar protección institucional a través de la inmunidad, mientras que la logística financiada por el Estado facilitaría la promoción política en las regiones.
El resultado es un circuito perverso que alimenta la percepción de impunidad y debilita la legitimidad de las instituciones democráticas. El riesgo no está solo en la legalidad formal, sino en el impacto que estas prácticas tienen sobre la confianza ciudadana y el equilibrio de poderes.
Más allá de si Pedro Castillo decide postular o no, el debate revela dos problemas estructurales: la vulneración del sentido original de la inmunidad parlamentaria y el uso cuestionable de fondos públicos en la Semana de Representación. Ambos casos exigen una discusión seria sobre los límites éticos en la política peruana y la necesidad de reformas que protejan la neutralidad institucional.
De lo contrario, se consolida un escenario en el que las normas no sirven para fortalecer la democracia, sino para blindar intereses particulares en detrimento de la ciudadanía.